Mireddys González solicita administrador judicial para sus empresas tras disputas con Daddy Yankee
El 20 de enero, la defensa de Mireddys González presentó una moción ante el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, solicitando el nombramiento de un "administrador judicial" para las corporaciones El Cartel Récord Inc. y Los Cangris Inc., con el fin de proteger los intereses de los acreedores, accionistas y otras partes involucradas en las empresas.
Esta solicitud responde a lo que los abogados de González describen como un "empate" en la junta de directores que ha paralizado las decisiones dentro de las entidades.
La defensa también denunció que, a pesar de una sentencia emitida el 26 de diciembre, que establece que cualquier transacción superior a 100 mil dólares debe contar con la autorización de ambas partes, la parte demandante, Daddy Yankee, realizó transacciones mayores sin el consentimiento de González, alegando que eran decisiones prudentes.
En paralelo, el equipo legal del reguetonero presentó una moción en la que pidió al juez que emita una orden para evitar la filtración de documentos confidenciales relacionados con los casos, a los que considera una táctica para perjudicarle.
En este contexto, la defensa de Daddy Yankee expresó su preocupación por la filtración de un testamento revocado, que se había firmado anteriormente por ambas partes, y que a su juicio tiene la intención de afectar a uno de los hijos del matrimonio.
Por otro lado, los abogados de Daddy Yankee defendieron una serie de movimientos bancarios recientes, explicando que las transferencias de fondos entre cuentas fueron realizadas con el objetivo de obtener mejores intereses y una mayor protección, sin alterar las disposiciones de la sentencia del tribunal.
Según la resolución del juez emitida el 26 de diciembre de 2024, los $75 millones en las cuentas de las corporaciones deben mantenerse intactos por 30 días, mientras que el resto del dinero puede ser utilizado para actividades comerciales siempre que las transacciones superiores a $10,000 sean autorizadas por ambas partes.
El cambio de banco, que se realizó en acuerdo con las partes y bajo la supervisión del juez, permitió un aumento significativo en los intereses de las cuentas, según los abogados.
Sin embargo, acusaron que la información sobre estos movimientos fue filtrada de forma incompleta y tergiversada con el fin de dañar la imagen de su cliente.
