El debate sobre los radares digitales y la responsabilidad de las multas
Por la Redacción.- Luis Padilla
El reciente anuncio de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) sobre el uso de radares digitales para sancionar a los conductores que excedan los límites de velocidad ha generado una amplia discusión, especialmente con la implementación de un sistema que podría multar a las personas aunque no estén al volante. Este sistema no se limita solo a la acción del conductor, sino que sanciona al titular del vehículo registrado, independientemente de si esta persona estaba conduciendo en el momento de la infracción.
Este enfoque tiene como base la idea de agilizar los procesos de fiscalización y garantizar la seguridad vial de manera más eficiente. No obstante, surgen interrogantes legítimos sobre su justicia y aplicabilidad. Por ejemplo, ¿es justo que alguien reciba una multa por un vehículo prestado o cuando no ha realizado el traspaso del vehículo a su nombre? Aunque la ley y las resoluciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgan plazos para estos trámites, la medida podría afectar a aquellos que, por diversas razones, no han cumplido con estos procedimientos.
En este sentido, el sistema parece estar diseñado con la intención de ser más efectivo, pero también deja entrever ciertas brechas que podrían generar conflictos entre la ciudadanía y las autoridades. Además, la falta de notificación directa al conductor podría resultar en una desconexión entre la persona sancionada y el momento de la infracción.
La discusión sobre el uso de tecnología en el control de tránsito no es nueva, y si bien es innegable que los radares digitales representan un avance en la eficiencia de la fiscalización, es crucial que este tipo de medidas se implementen de manera que respeten los derechos de los ciudadanos, con un enfoque más transparente y justo. La verdadera pregunta es si, en el afán de modernizar el sistema, estamos sacrificando la equidad y la claridad en los procesos administrativos y sancionadores.
Por tanto, es necesario un balance entre la modernización de los sistemas de control y la protección de los derechos de las personas. Si bien la seguridad vial es una prioridad, no debe hacerse a expensas de la justicia y la claridad en el proceso administrativo.
